Obispos colombianos abordan en Roma el papel de la Iglesia en la transformación territorial frente al narcotráfico
Un conversatorio celebrado en el Pontificio Instituto Patrístico Agustinianum de Roma reunió a tres obispos colombianos, un historiador y el embajador ante la Santa Sede para abordar uno de los desafíos más complejos que enfrenta la Iglesia en América Latina: su papel en la transformación territorial de las zonas afectadas por la economía ilegal de drogas.
En el Aula Minor del Agustinianum, entre libros y siglos de historia, el sufrimiento de los campesinos del Catatumbo, del Cauca y de Buenaventura irrumpió con fuerza en la conversación académica. Lo hizo con nombres propios, con cifras concretas y, sobre todo, con la voz de tres obispos que conocen el territorio no desde los escritorios, sino desde la presencia cotidiana entre su gente.
El conversatorio, enmarcado en el horizonte 2023–2033, fue moderado por el historiador Gianni La Bella, quien abrió el diálogo lanzando una pregunta directa a los tres prelados: ¿cómo valoran la idea de promover programas de transformación territorial desde la Iglesia? La respuesta no fue teórica. Fue pastoral, urgente y, en más de un momento, profundamente incómoda.
Una herencia maldita
El embajador de Colombia ante la Santa Sede situó el problema en sus coordenadas institucionales: Colombia enfrenta hoy más de dos mil hectáreas de cultivos ilícitos, y la erradicación forzada, lejos de resolver la crisis, profundiza las fracturas sociales. El papel de la Iglesia, señaló, no es secundario ni decorativo: construye confianza donde las instituciones del Estado han fallado, defiende la vida, promueve la justicia social y acompaña especialmente a los más vulnerables. La sustitución de cultivos —con todo lo que implica en términos de cadenas productivas, voluntad política y continuidad de las políticas públicas— aparece como la vía más prometedora, aunque todavía llena de obstáculos.
Desde su experiencia en el Pacífico, donde llegaron a operar hasta seis actores violentos simultáneamente en una misma zona, Monseñor Jaramillo describió la situación del campesino con una imagen brutal en su sencillez: fusil en mano, o siembras coca, o siembras coca. No hay alternativa cuando el Estado está ausente y la violencia llena ese vacío.
Lo que la Iglesia ha aprendido en esos territorios es que no basta con erradicar. Se necesita que una cadena productiva legal sea suficientemente atractiva para que el campesino pueda decir que no a la coca. Y eso requiere presencia del Estado, inversión sostenida y, sobre todo, un cambio de narrativa: dejar de tratar al campesino coquero como un delincuente y comenzar a verlo como lo que es, un agricultor sometido a condiciones que él no eligió.
Cambiar la cultura de la ilegalidad
Monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de Tibú en Norte de Santander —uno de los epicentros del conflicto armado y del cultivo de coca en Colombia—, fue contundente respecto a lo que no funciona: las políticas paliativas. Cambiar una cultura de ilegalidad arraigada durante décadas exige continuidad, constancia y, fundamentalmente, un cambio de mentalidad. Las políticas que se interrumpen con cada cambio de gobierno no producen transformaciones reales. Como ejemplo concreto mencionó el cultivo de palma: con una apuesta seria, ocho mil familias podrían encontrar en esa alternativa una salida digna.
Ante la pregunta de cómo la Iglesia acompaña a los jóvenes en este contexto, Monseñor Bravo fue al núcleo de la cuestión: las instituciones suelen buscar intereses distintos, muchas veces contrapuestos. El aporte de la Iglesia, en cambio, es la presencia misma. No llega con proyectos que duran lo que dura el financiamiento. Llega, y se queda.
Quitarles el rostro de delincuentes
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillo, arzobispo de Popayán, aportó quizás la lectura más estructural del problema. Colombia es el país que más coca produce en el mundo, y también el que más ha sufrido por ello. La llamada guerra contra las drogas ha sido, en sus propias palabras —recogiendo también la valoración del presidente Petro—, un fracaso. El problema tiene dos caras que no pueden separarse: la demanda, compleja y global, y la oferta, encarnada en el campesino que cultiva, en las guerrillas que controlan, y en el dinero que se lava sin escándalo en los mejores bancos europeos.
Desde esa realidad, la Iglesia tiene una tarea clara: ayudar a recuperar la identidad campesina de quienes han sido reducidos a la figura del coquero. Devolverles ese nombre es devolverles dignidad. Y defender las conquistas que esas comunidades han logrado con esfuerzo es una forma concreta de justicia.
Respecto a los jóvenes, el arzobispo de Popayán puso sobre la mesa un dato que congela: cada veinte horas hay un reclutamiento forzado en Colombia. Los jóvenes no están en un vacío; están en un contexto muy específico, donde la violencia los interpela antes que cualquier institución. Para ellos, se necesita una política de paz real, no declarativa. Y en materia de consumo —que crece y que Monseñor Sánchez lee como una pérdida de esperanza— propone mirar experiencias como la de Portugal: prevención, curación y contención, integrando a quienes realmente saben del tema, incluso en los usos alternativos que pueden derivarse de la planta misma.
Lo que la Iglesia puede hacer que el Estado no puede
Los tres obispos convergieron en algo que el conversatorio fue dejando en evidencia de manera progresiva: la Iglesia tiene una autoridad moral ganada en el territorio, no otorgada desde arriba. Esa autoridad le permite acompañar procesos de paz —tanto rurales como urbanos, donde las bandas criminales han convertido los barrios en zonas de guerra—, actuar como facilitadora entre comunidades e instituciones, y sobre todo, sostener la confianza en contextos donde la victimización ha dejado a las personas con rabia y con miedo.
Monseñor Jaramillo lo formuló con una convicción que viene de haberlo vivido: cuando una comunidad entiende que destruir al enemigo es destruir lo más querido, algo cambia. Esa conciencia, frágil pero real, es el comienzo de cualquier proceso de paz. Y la Iglesia, con su presencia constante, es muchas veces la única institución capaz de sostenerla.
Lo que no puede seguir ocurriendo, subrayó el mismo obispo, es el desfile de chalecos: organizaciones que llegan, fotografían, reportan y se van, sin que la comunidad vea ningún cambio real. Un territorio no puede funcionar con miedo. La violencia estigmatiza. Y la estigmatización mata las posibilidades antes de que nazcan.
